La Defensoría del Pueblo denunció este viernes que luego de los acuerdos de paz y en época de posconflicto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las FARC están copando territorios donde violan los derechos fundamentales y cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en su interés por controlar el narcotráfico y la minería ilegal.

En un evento realizado en Tumaco (Nariño), el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo entrega del informe ‘Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo’, en el que se solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales que adopten medidas para prevenir y proteger a la comunidad ante hechos de violencia y constreñimiento cometidos por grupos ilegales en varios lugares del país.

Algunas regiones afectadas por la presencia de actores armados que ejercen control sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería aurífera, son el corregimiento de Llorente en Tumaco y el casco urbano de ese municipio; Argelia, El Tambo, Suárez, y corregimientos de Caloto y Corinto, en Cauca; Buenaventura, en el Valle del Cauca; el corregimiento La Gabarra, y los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander. Tarazá, Caucasia y El Bagre, en Antioquia.

Estas zonas se han convertido en puntos de acopio y centro de transacciones en torno al narcotráfico, la compra ilegal de oro, negociaciones alrededor de insumos, precursores químicos, clorhidrato de cocaína y tráfico de armamento.

La Defensoría del Pueblo también advierte sobre la necesidad de que se realicen acciones de prevención, protección y disuasión de factores de violencia en relación con comunidades vulnerables que habitan en los sitios donde hay embarque de estupefacientes e importación de armamento, especialmente en áreas portuarias de Tumaco, El Charco, Guapi y Buenaventura, así como en puntos de fronteras terrestres, como Cúcuta, Puerto Santander y aledaños.

En el informe se hace referencia al Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño como zonas estratégicas para los actores armados ilegales, como quiera que sirven de corredor para el narcotráfico, al mismo tiempo que existen explotaciones ilegales de oro. Se indica en un aparte del informe como, “En esta región se registran disputas entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Por otra parte, se agrega que “en Nariño y Cauca se han configurado disputas entre agrupaciones residuales: norte del Cauca y Tumaco. En este escenario, las disputas entre grupos residuales impactan los derechos humanos de los pobladores”.

Un capítulo especial merece la solicitud de cumplir, a la mayor brevedad, con lo pactado en La Habana para implementar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera en Tumaco, como prerrequisito para impulsar la sustitución de cultivos.

En cuanto al narcotráfico, durante la presentación se indicó que en el 2000 había 161.971 hectáreas de cultivos de coca en todo el país y para el 2016 la cifra estaba en 146.140 hectáreas. Es preocupante que solo en Tumaco hay en la actualidad unas 23.000 hectáreas de cultivos de coca, afectando principalmente a la comunidad de Alto Mira y Frontera.

Minería ilegal

En lo relacionado con esta problemática, los actores armados cometen extorsiones a las empresas que realizan la exploración, así como el secuestro de empleados, tanto de mineros legales como ilegales.

A través de métodos violentos, en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca, estos grupos controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización del metal precioso desde la mina.

Tumaco es un municipio representativo en donde confluyen los actores armados ilegales que buscan controlar la minería ilegal. En el 2017 se extrajeron 587 kilos de oro de Tumaco, provenientes en su totalidad de Barequeros registrados (4.128 para el 2017 y 487 para febrero  de 2018). Ellos son el eslabón más vulnerable a las acciones violentas de los grupos armados ilegales.

Solo para Tumaco, esto significa que durante el año pasado estos grupos obtuvieron de la minería ingresos entre 939 mil dólares y 1.8 millones de dólares, a partir de la coacción sobre las comunidades que desarrollan esta actividad solo para este municipio.

Señala el informe que, “(…) otros actores como las alcaldías y elementos individuales de la fuerza pública se ven implicados en actos de corrupción que garantizan que la extracción ilícita de oro pueda seguirse desarrollando. Esta diversidad de actores es clara en departamentos como Antioquia y Bolívar donde los grupos tienen un menor grado de control sobre la economía ilegal del oro”.